Viernes 5 de diciembre de 2025.— Para impulsar la inclusión financiera en las comunidades rurales y atender uno de los retos históricos del país, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó la Ley de Fomento y Regulación del Sistema de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos).
Durante la sesión, el legislador señaló que las Sofincos han demostrado ser el modelo más eficiente, cercano y confiable para promover el ahorro y otorgar crédito comunitario. Sin embargo, su crecimiento ha sido limitado debido a un marco legal que no corresponde a su naturaleza ni a su escala.
“Con una ley exclusiva para las Sofincos, los más pobres podrán estar realmente incluidos en el sistema financiero. Y cuando la gente está incluida, deja de ser pobre”, afirmó
Un modelo financiero comunitario que funciona
Ramírez Marín explicó que, a diferencia de figuras como las Sofomes o las Sofipos, las Sofincos operan con una mayor eficiencia y una cartera vencida significativamente menor, gracias a que están conformadas por productores que se conocen entre sí y trabajan bajo reglas de confianza mutua.
No obstante, denunció que la legislación actual contiene una “trampa regulatoria”, pues obliga a estas entidades comunitarias a cumplir los mismos requisitos que empresas financieras privadas, haciendo inviable su operación. La evidencia es clara: en 16 años sólo se autorizó una Sofinco, misma que fue revocada en 2024 por la incapacidad de cumplir con requisitos ajenos a su naturaleza.
Actualmente, más de siete solicitudes de nuevas Sofincos llevan hasta una década detenidas, limitando el acceso al crédito rural y frenando el desarrollo del campo.
Protección al ahorro rural: una urgencia impostergable
El senador advirtió también sobre la ausencia de un fondo de protección al ahorro rural, lo que deja en vulnerabilidad a miles de familias. Casos como el desfalco de CAME —el más grave en los últimos años, con más de 167 mil personas afectadas— reflejan la necesidad urgente de reglas claras que resguarden el patrimonio de las comunidades.
Un sistema fortalecido y con certeza jurídica
De aprobarse, la nueva Ley permitirá ordenar y fortalecer al sistema comunitario de ahorro y crédito, además de impulsar la apertura de más sucursales del Banco del Bienestar. Esto generaría un círculo virtuoso en las economías rurales, al ampliar las oportunidades de financiamiento y promover el desarrollo productivo.
“Hacer justicia significa dar a las comunidades las herramientas financieras que necesitan para prosperar. Eso es lo que buscamos con esta Ley”, puntualizó Ramírez Marín.
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