El Gobierno del Estado informó que la indemnización por las tierras expropiadas en la comisaría de Sierra Papacal, en el municipio de Mérida, fue cubierta desde 1993, respaldada por evidencia documental y jurídica que confirma el pago a los ejidatarios afectados.
De acuerdo con la administración estatal, las manifestaciones registradas recientemente en dicha comunidad carecen de sustento, ya que no corresponden a una falta de atención institucional. Las autoridades sostienen que el proceso de indemnización se realizó conforme a la normatividad vigente y quedó debidamente documentado.
Según los antecedentes oficiales, en 1990 el Gobierno del Estado solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 231 hectáreas de tierras ejidales en Sierra Papacal, con el objetivo de destinarlas a infraestructura estratégica para el abastecimiento de agua potable.
Posteriormente, en 1992, mediante resolución presidencial, se concretó la expropiación de 223.69 hectáreas por causa de utilidad pública. Estas tierras fueron destinadas a la zona de captación del sistema de agua potable que abastece a los puertos de Chuburná y Chelem, infraestructura considerada fundamental para el suministro del servicio en la región.
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización con base en el valor comercial del terreno, fijando un precio de un millón 600 mil pesos por hectárea, lo que resultó en un total de 357 millones 906 mil 506 pesos por la superficie expropiada.
Conforme a registros del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria (Fifonafe), el pago fue cubierto en 1993 a favor de los ejidatarios, con evidencia de al menos 128 beneficiarios que recibieron la compensación y que continúan vigentes en el padrón ejidal.
Como parte del seguimiento a las inquietudes comunitarias, el Gobierno del Estado ha sostenido 13 espacios formales de diálogo: nueve reuniones en Palacio de Gobierno y cuatro encuentros en el propio ejido, con la participación de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, así como autoridades federales, municipales y representantes de la comunidad.
Durante estas mesas de trabajo se han abordado temas relacionados con el uso de tierras, infraestructura hidráulica y proyectos de desarrollo regional, manteniendo una política de apertura, escucha activa y búsqueda de acuerdos.
La administración estatal reiteró que su prioridad es garantizar la estabilidad social, el respeto al marco jurídico vigente y la continuidad de los servicios públicos esenciales, especialmente el suministro de agua potable que beneficia a miles de familias.
Asimismo, advirtió que no se permitirán acciones que pongan en riesgo servicios indispensables o afecten el bienestar de la población, al tiempo que reafirmó su compromiso con el diálogo responsable, la legalidad y la atención permanente a las comunidades.
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