La Coordinadora de la Bancada, Ivonne Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de prohibir que empleadores soliciten o realicen pruebas de detección del VIH como condición para el ingreso, permanencia o ascenso en un empleo.
La propuesta surge tras antecedentes en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, así como empresas privadas, donde se documentó la aplicación de este tipo de exámenes a aspirantes o trabajadores.
La legisladora subrayó que esta práctica no solo carece de justificación médica o laboral, sino que también refuerza estigmas y fomenta la discriminación, afectando directamente el acceso a oportunidades laborales para personas que viven con VIH.
La iniciativa contempla modificar los artículos 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo para establecer de forma explícita la prohibición de exigir pruebas de VIH en procesos laborales. Asimismo, plantea eliminar la obligación de las personas trabajadoras de someterse a este tipo de exámenes cuando sean requeridos como condición para su contratación o permanencia.
Aunque organismos nacionales e internacionales han señalado que estas pruebas no deben ser un requisito laboral, actualmente la legislación mexicana no lo prohíbe de manera expresa, pese a que sí está contemplado en normas oficiales.
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó en 2018 que exigir pruebas de VIH como requisito de contratación resulta discriminatorio, al permitir negar empleo por condiciones de salud que no representan un riesgo para terceros. Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitió una resolución en la que instruyó al IMSS abstenerse de aplicar este tipo de pruebas en sus procesos de contratación.
A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo establece en su Recomendación 200 que ninguna persona trabajadora debe ser obligada a someterse a pruebas de detección del VIH ni a revelar su estado serológico, además de prohibir cualquier forma de discriminación basada en esta condición.
Datos recientes indican que en México, al cierre de 2023, alrededor de 380 mil personas vivían con VIH, de las cuales más de 314 mil estaban diagnosticadas y 242 mil en tratamiento antirretroviral, mientras que 224 mil lograron la supresión viral, objetivo central de las políticas públicas en la materia.
La iniciativa busca cerrar vacíos legales y garantizar que el estado de salud de las personas no sea un factor determinante en el acceso o permanencia en el empleo.
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