**Se coloca frente a maquinaria e im pide su avance.
El Consejo Comunitario de Kinchil logró un importante avance en la defensa del territorio y del patrimonio cultural al conseguir, por segunda vez en un lapso de 72 horas, la clausura de la maquinaria con la que la empresa CAVICO continúa devastando la antigua ciudad maya de Tzemé, pese a múltiples órdenes judiciales y administrativas de suspensión.
Las obras, destinadas a la construcción de nuevas naves para la empresa CRIO (Productora Nacional de Huevo), habían sido suspendidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en octubre de 2025 y clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en noviembre del mismo año. Sin embargo, los trabajos continuaron sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para detenerlos.
Ante esta omisión, el Consejo Comunitario de Kinchil promovió un juicio de amparo (expediente 2352/2025 del Juzgado Cuarto de Distrito) en contra del INAH, PROFEPA, el municipio de Kinchil, la Fiscalía General de la República, y las empresas CRIO y CAVICO. Como resultado, se otorgó una suspensión provisional el 24 de noviembre y una suspensión definitiva el 15 de diciembre del año pasado. (2025)
Aunque las obras se detuvieron temporalmente, con el inicio de 2026 la empresa CAVICO reanudó los trabajos de manera ilegal. Esta situación fue denunciada por integrantes del Consejo Comunitario, lo que derivó en que PROFEPA clausurara la maquinaria el viernes 9 de enero por la tarde.
No obstante, la mañana de este lunes, trabajadores de CAVICO violaron los sellos de clausura e intentaron continuar las obras. También llegaron vehículos y personal de otra empresa contratada para instalar un transformador eléctrico y avanzar en la construcción de una caseta, quienes se retiraron al percatarse de la presencia comunitaria.
Integrantes del Consejo Comunitario y familias campesinas de Kinchil acudieron al sitio y detuvieron las obras. Al verse confrontados por la comunidad, los operadores intentaron huir. Durante estos hechos, doña Gregoria Dzul Cuá, apicultora de Kinchil, se colocó frente a un bulldozer para impedir su avance, acompañada por miembros del Consejo Comunitario y periodistas.
“Yo no me voy a quitar del camino, esto está clausurado. Ya se llevaron una retroexcavadora. Esto está clausurado, y lo clausuramos nosotros. Bájate y hazte a un lado”, expresó doña Gregoria al operador de la maquinaria.
Posteriormente añadió: “No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo a estas empresas violar la ley. Exigimos que respeten nuestros montes, nuestro trabajo en el campo, nuestros vestigios y nuestra cultura. Es nuestro derecho. Llevamos todo por la vía legal y logramos órdenes de clausura de tres instancias distintas, pero estos señores sienten que están encima de la ley. Si para detenerlos tengo que ponerme frente a sus maquinarias, lo haré sin dudarlo. Prefiero morir de pie que vivir arrodillada ante tanta injusticia y destrucción.”
Tras varias horas de espera y la presencia de dos patrullas de la policía estatal, personal de PROFEPA acudió nuevamente al sitio y procedió a clausurar otra vez la maquinaria, incluyendo la detenida por la acción directa de la comunidad.
Federico May Cuitún, integrante del Consejo Comunitario de Kinchil, señaló que continuarán las acciones legales:
“Seguiremos tomando medidas para que todos los responsables rindan cuentas, tanto las empresas contratantes y ejecutoras como las instituciones que, en lugar de cumplir su cometido, son cómplices de la destrucción. Reiteramos nuestra exigencia de que se destituya inmediatamente al Director General del Centro INAH Yucatán, Víctor Arturo Martínez Rojas, por tolerar la devastación de nuestro patrimonio arqueológico.”
Por su parte, Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa A.C., afirmó:
“Las empresas que cometen delitos para avanzar con sus proyectos suelen confiar en que la corrupción institucional les garantizará impunidad. En Kinchil se enfrentan a una comunidad decidida a vigilar tanto a empresas como a instituciones y a no tolerar más violaciones a sus derechos. Nuestro objetivo es evitar que estos proyectos destructivos se regularicen y lograr su cancelación total y definitiva.”
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