- Mérida, Yucatán, 17 de agosto de 2025.– A unas horas de que el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento emita su resolución (lunes 18 de agosto a las 17:00 horas), el caso entre los empresarios Castilla Roche y Ponce García llega a un punto clave. Lo que está en juego trasciende lo local: el desenlace podría sentar un precedente nacional en materia de prescripción penal, validez de poderes notariales y el peso de testimonios no respaldados por pruebas materiales.
La relevancia del caso es tal que ha sido seguido de cerca por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y medios nacionales.
Los ejes del debate jurídico
Más allá de un litigio entre particulares, en este proceso se ponen a prueba principios básicos:
Que no se puede perseguir un caso fuera del tiempo legal.
Que no se puede desconocer un poder notarial vigente.
Que no se puede condenar con declaraciones sin respaldo documental y con contradicciones.
De confirmarse estos puntos, el fallo reforzaría la seguridad jurídica de los ciudadanos, al establecer límites claros al ejercicio del derecho penal.
El reloj legal del caso
De acuerdo con el expediente, la primera denuncia se presentó en Quintana Roo el 18 de septiembre de 2013, mientras que la querella en Yucatán ingresó el 15 de junio de 2015, cuando el plazo legal de un año ya había vencido (18 de septiembre de 2014). La normativa local establece que, una vez agotado ese término, la prescripción debe reconocerse de oficio en cualquier etapa del proceso.
El poder notarial y los testimonios
Otro elemento central es el poder notarial otorgado en 2004 para actos de dominio. Según constancias de la Dirección General de Notarías de Quintana Roo, dicho mandato nunca fue revocado, por lo que mantiene validez y ampara las operaciones en disputa.
En contraste, los testimonios presentados en contra muestran contradicciones y carecen de soporte documental. Bajo ese escenario, el tribunal deberá determinar si esas declaraciones cumplen con el estándar suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
Precedentes y controversias
El expediente ya tuvo resoluciones favorables a Castilla Roche en tres instancias en Quintana Roo. En Yucatán, sin embargo, el proceso se reabrió con el argumento de que el supuesto delito “se planeó en un avión” que sobrevolaba la entidad, un criterio atípico que obliga a una motivación reforzada en la sentencia.
Impacto nacional
El resultado no solo resolverá una disputa entre empresarios. Según especialistas, si el tribunal reconoce la prescripción y la validez del poder notarial, además de señalar la insuficiencia de prueba material, enviará un mensaje de certeza y previsibilidad jurídica. Por el contrario, un fallo que minimice estos elementos sin argumentos sólidos abriría la puerta a impugnaciones y a un debate nacional sobre el debido proceso.
Con la deliberación en curso y la resolución a punto de emitirse, este juicio se perfila como una referencia obligada sobre los alcances del derecho penal frente a disputas privadas y la protección de los derechos ciudadanos en todo el país.
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