Mérida, Yucatán, 09 de abril de 2025 .– Con el respaldo de la mayoría legislativa, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó una reforma histórica al Código Penal que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación y tipifica el aborto forzado como delito.
Durante la sesión, la representante de Movimiento Ciudadano Larissa Acosta Escalante defendió la iniciativa en tribuna, destacando que la reforma no impone decisiones, sino que protege el derecho de cada persona gestante a decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizada.
“Este cambio en la ley no obliga a abortar, y no puede ni debe imponer decisiones. El objetivo es dejar de considerar criminal a quien, por la razón que sea, decide interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación”, sostuvo Acosta.
La legisladora reconoció que el tema del aborto sigue siendo incómodo para muchos sectores políticos, pero subrayó que es momento de avanzar hacia una legislación más justa, en concordancia con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que declaró inconstitucional penalizar el aborto voluntario.
Principales puntos de la reforma:
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Eliminación del artículo 392 del Código Penal de Yucatán, que imponía penas de prisión por abortar voluntariamente.
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Legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
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Tipificación del aborto forzado como delito, con sanciones más severas contra quienes violentan la voluntad de la persona gestante.
Acosta Escalante argumentó que su voto no responde a una ideología, sino a una convicción: que cada embarazo debe ser deseado y vivido con dignidad. Además, subrayó que el Estado debe acompañar y no abandonar a quienes atraviesan estas decisiones.
“Que ninguna persona tenga que enfrentar sola una decisión así de difícil, marcada por la violencia, la pobreza o el abandono del Estado”, expresó.
La reforma también pone énfasis en la prevención del embarazo infantil producto de abuso , la atención integral de estos casos, y el acompañamiento estatal en cada proceso. La legisladora propuso un enfoque de derechos humanos que incluye consultas pediátricas accesibles, redes de apoyo, atención psicológica gratuita sin estigmas y la capacitación del médico personal.
“Si la maternidad va a ser una elección, entonces debe ser acompañada”, puntualizó.
Finalmente, Acosta hizo un llamado urgente a regular la objeción de conciencia y garantizar que el personal médico atienda estos casos con sensibilidad y perspectiva de género
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